Según se desprende de dos sentencias emitidas recientemente, el trabajo de las empleadas de hogar 'no requiere de grandes esfuerzos u otra actividad física exigente'. Tampoco se trata de tareas con 'una gran responsabilidad'. Eso opinan al menos, algunos magistrados.

La Secretaría de la Mujer de CC.OO. de Euskadi, junto con la Asociación de Trabajadoras de Hogar de Bizkaia, otros sindicatos y organizaciones de mujeres, convocaba el pasado 26 de enero una manifestación frente el Palacio de Justicia de Bilbao para mostrar su malestar y preocupación ante una reciente sentencia del Tribunal Superior de Justicia del País Vasco. En ella se revocaba el reconocimiento de una invalidez permanente total para la profesión habitual a una empleada de hogar previamente admitido por el Juzgado de lo Social número 4 de Bizkaia y que suponía el derecho de la trabajadora a cobrar una pensión vitalicia del 55% de la base reguladora (62.669 pts). El reconocimiento de la invalidez por el Juzgado de lo Social se había basado en las probadas dolencias en la columna, con degeneración en los discos invertebrales de las zonas cervical y lumbar, tendinitis en el hombro izquierdo y un cuadro depresivo de intensidad leve desde 1994. Esta argumentación es la que ha sido rebatida ahora por el Tribunal Superior de Justicia en base a que la condición de empleada de hogar 'no requiere de esfuerzos físicos' y que las tareas que precisan de esfuerzo 'son de carácter moderado y cuenta con la ayuda de medios mecánicos'.

Antes de que se apagaran las protestas en Bilbao, en febrero el Juzgado de lo Social nº5 de Sevilla dictaba sentencia sobre el caso de otra mujer empleada de hogar que según el informe médico 'está incapacitada para grandes sobrecargas y esfuerzos importantes con la mano derecha, así como trabajos de gran responsabilidad'. El magistrado rechazó la petición de invalidez absoluta en base a que 'hoy en día existen numerosos aparatos técnicos que simplifican las tareas domésticas' y que además la trabajadora 'conserva aptitud laboral para otros trabajos'.

Estas sentencias reflejan una mentalidad misógina que desprecia los trabajos tradicionalmente asignados a las mujeres. Desde su privilegiada situación que les exime del trabajo doméstico ignoran, además, los señores magistrados que las tareas de la casa y el cuidado de las personas exigen de las mujeres una variedad de esfuerzos cuya penosidad está muy lejos de desaparecer con la introducción de los electrodomésticos. ¿O tal vez creen que el cuidado de bebés, de personas ancianas o enfermas se puede llevar a cabo con una aspiradora? ¿Habrán comprobado alguna vez el esfuerzo físico que supone llevar un niño en brazos o movilizar un enfermo? ¿Han probado a limpiar una bañera o barrer los bajos de los muebles? ¿Se hace usted la cama, señor juez? ¿Quién le lava, le tiende, le plancha, le dobla y le guarda la ropa?. La infravaloración del trabajo de las empleadas de hogar está ya en su régimen laboral y de seguridad social. Existe una discriminación evidente del colectivo de empleadas de hogar respecto al resto de trabajadores y trabajadoras. Por ejemplo, no se les permite asegurarse hasta las 72 horas mensuales, no cobran hasta el día 29 de la baja y tienen que pagarse ellas mismas la cuota de la Seguridad Social desde el mes siguiente a caer enfermas. También están discriminadas en el terreno de la salud laboral: no se les reconocen los accidentes de trabajo ni las enfermedades profesionales y son el único colectivo asalariado explícitamente excluido de la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales. Tampoco tienen derecho a las prestaciones por desempleo y en un porcentaje importante ni siquiera están dadas de alta en la Seguridad Social.

Hace años que desde CC.OO. venimos denunciando esta situación y reclamamos la derogación del Decreto que regula el Régimen Especial de Empleadas de Hogar. La inclusión de este colectivo en el régimen general de la Seguridad Social, acogidas el Estatuto de los trabajadores, con derecho a Convenio Colectivo propio, así como una regulación específica en relación con la prevención de los riesgos laborales de su trabajo deberían convertirse en un objetivo inaplazable. Un programa de formación para compartir el trabajo doméstico dirigido a magistrados tampoco estaría de más.

Rebeca Torada