Dossier Abril 2001

PERE BOIX

En julio de 2000 José María Aznar encargó a Federico Durán, Presidente del Consejo Económico y Social (CES), un diagnóstico independiente sobre la siniestralidad laboral en España. Se constituyó así un grupo de expertos, formado por profesores universitarios y técnicos de la administración o del propio CES, que a lo largo de seis meses ha elaborado un informe, que a mediados del pasado mes de marzo le fue entregado al Presidente del Gobierno en el palacio de la Moncloa.

El documento se estructura alrededor de cuatro grandes temas: las estadísticas en salud laboral, las características del mercado de trabajo, el marco normativo y, por último, la política de prevención. Sobre cada uno de estos puntos se aportan datos, se emiten puntos de vista valorativos y se realizan propuestas que según los autores podrían contribuir a mejorar la seguridad y la salud en el trabajo en España.

Mejorar el conocimiento sobre los daños a la salud en el trabajo

A pesar del notable esfuerzo de explotación de los datos existentes sobre accidentes de trabajo, el informe reconoce las limitaciones de las estadísticas disponibles tanto en cobertura (un 20% al menos de afiliados a la seguridad social están excluidos) como respecto a la subestimación de la gravedad y de la mortalidad, cifrada en un 28.7% y un 13.6% respectivamente. Se estima en un 4% la sobredeclaración, es decir, la notificación como accidentes de trabajo de daños con otro origen. Se reconoce, en fin, el flagrante subregistro de las enfermedades profesionales.

Los expertos ven necesaria una modificación del sistema de declaración, desde el mismo parte de accidentes hasta la actualización del cuadro de enfermedades profesionales, pasando por la mejora de la calidad de las estadísticas y de la agilidad en su difusión. A destacar, entre las propuestas, la de notificación inmediata del parte de accidente al Delegado de Prevención y la de definir con criterios objetivos y precisos el pronóstico de la lesión.

Profundizar en el impacto de las condiciones de trabajo sobre la salud

El informe señala el crecimiento del empleo, el aumento del sector servicios, el importante peso de la temporalidad y de la subcontratación, el predominio de las PYMEs y la presencia considerable de la economía sumergida, como características del panorama actual de nuestro mercado de trabajo.

En ese contexto, según los expertos, las condiciones de trabajo vienen marcadas de forma creciente por riesgos de tipo organizativo (ritmos de trabajo, turnos, carga mental) y por una mayor percepción del riesgo de accidentes por parte de los trabajadores.

Proponen un estudio exhaustivo sobre temporalidad y accidentes de trabajo con el fin de identificar los factores concretos que condicionan esta relación. También aluden a planes sectoriales para la reducción de la siniestralidad y a prestar 'atención especialÉ a la actual regulación de las subcontrataciones y a la de las ETT'.

Adecuar y mejorar el marco legal

El actual panorama normativo es calificado como 'prolijo, disperso y complejo'. Su mero cumplimiento, al margen de una verdadera cultura preventiva y de una decidida implicación de los agentes sociales a través de la negociación colectiva, 'no bastaría para asegurar una adecuada política de prevención'.

Los autores del informe proponen diversas modificaciones legales. Por ejemplo, garantizar la protección del trabajador en caso de incapacidad sobrevenida por riesgo laboral, clarificar el derecho a la paralización de actividades por riesgo grave e inminente, homogeneizar el deber de coordinación y el régimen de responsabilidades entre ETT y empresa usuaria. También proponen la publicidad de las sanciones por infracciones muy graves.

Más y mejor control de incumplimientos

Respecto al sistema de inspección y control se hace necesaria una mayor coordinación entre el Gobierno central y las Comunidades Autónomas, mejorar la dotación de la Inspección de Trabajo incrementando las partidas presupuestarias en el campo de la salud laboral y potenciar la especialización preventiva de los Inspectores.Se es partidario de atribuir más competencias a los juzgados de lo social de forma que se concentre 'en un único orden jurisdiccional la totalidad de las pretensiones y el conocimiento de cuantas responsabilidades se deriven de la eventual infracción de las normas preventivas'.

Cambios en el sistema de aseguramiento

Aunque el informe reconoce una diferenciación entre seguridad social y prevención, afirma que el sistema de Seguridad Social 'sí está interesado en que exista una adecuada política de prevención'. Desde esta consideración se realizan una serie de propuestas, entre las que tal vez se encuentren las que han levantado mayor polémica.

Por ejemplo, la de que el empresario abone la prestación económica por incapacidad temporal durante los primeros 7 días de baja con independencia de que ésta sea por contingencias comunes o por patología de origen laboral y la de reducir la cuota patronal por accidente de trabajo (estimada según declaraciones del propio Durán en unos 40.000 millones de pesetas) revisando las actuales tarifas por actividades económicas. Se apunta, además, 'la posibilidad de devolución de parte de las cantidades cotizadas por las empresas en caso de no siniestralidad' y la supresión del actual recargo de prestaciones que se sustituiría por la posibilidad de 'reclamación de la íntegra reparación del daño sufrido por el trabajador accidentado en caso de culpa del empresario'.

Consideran los autores del informe que las Mutuas están forzando una competencia a la baja que favorece la burocratización de la prevención. Proponen deslindar nítidamente su papel como entidades colaboradoras de la Seguridad Social de su actividad en tanto que Servicios de Prevención, garantizando un plano de igualdad en el mercado con el resto de entidades. Se urge, en este sentido, a la prohibición de que las Mutuas utilicen recursos de la Seguridad Social para financiar actividades preventivas y propugnan un mayor control del destino de dichos fondos mientras tanto. También se aboga por la democratización de la gestión de las Mutuas.

Organizar racionalmente la prevención en las empresas

Se propugna un modelo flexible, basado en la racionalidad, que promueva la implicación de los recursos propios de la empresa en la organización de la prevención. De acuerdo con ello, se propone que la decisión sobre el modelo de organización se tome con posterioridad a una evaluación y planificación inicial, permitiéndose una contratación específica a tal efecto. También se aboga por la posibilidad de contratar especialistas externos para tareas puntuales sin tener que acudir necesariamente a un Sevicio de Prevención ajeno.

Se apunta, además, la posibilidad de modificar la normativa vigente 'a fin de evitar el fraccionamiento preventivo en la empresa' de tal forma que se tenga que optar globalmente por un Servicio de Prevención propio o ajeno pero no por una mezcla de ambos.

Mejorar las políticas de prevención y la formación

Recogiendo la experiencia del reciente Plan de Acción contra la siniestralidad, el informe propone políticas de concentración de actuaciones sobre actividades económicas de alta siniestralidad así como la introducción de medidas de estímulo a las empresas para la aplicación de políticas preventivas.En el campo de la formación, se aboga por integrar la prevención en la Educación Secundaria Obligatoria (ESO) y por dotar presupuestariamente un Plan Nacional de Formación de trabajadores y empresarios. También se propone regular las titulaciones oficiales de prevencionista, tanto en el nivel de formación profesional como universitaria, así como impulsar programas y líneas de apoyo a la investigación sobre prevención de riesgos laborales.