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Dossier: Nuevas políticas en Salud Laboral
FERNANDO RODRIGO
En la agenda de los sindicatos esta era -y es- una vieja y constante reivindicación que hasta ahora no había sido atendida. El objetivo de democratizar las mutuas obedece a la necesidad de realizar una profunda renovación de unas instituciones que, con cien años de vida, siguen funcionando en lo sustancial con los mismos esquemas y patrones y han de evolucionar para ser referencia ejemplar de profesionalidad e independencia.
La creación de un Consejo General con presencia paritaria de gobierno, patronal y sindicatos para abordar todo lo referente al Plan General de Actividades Preventivas y al Plan Nacional de Formación en salud laboral, la reflexión sobre la idoneidad de incorporar a las Juntas Directivas de las mutuas a una representación de la administración y de los sindicatos (hoy sólo hay presencia de empresarios) y la forma en que se deba tomar en cuenta la opinión de los trabajadores a la hora de elegir una mutua por parte de la empresa, son asuntos de una enorme relevancia que, de resolverse positivamente, van a permitir a estas instituciones abordar las tareas y retos que tienen encomendadas con mayor rigor.
La Mutuas se financian con recursos públicos (cuotas de la seguridad social) y gestionan también prestaciones públicas. Asumen amplias funciones en relación con la prevención de riesgos laborales, con los trabajadores como principales destinatarios de sus servicios. Y además, en los últimos años han comenzado a intervenir también en el ámbito de la sanidad pública (incapacidades temporales por contingencias comunes). Unas instituciones así no pueden seguir por más tiempo siendo percibidas y sentidas por una parte importante de la sociedad como instituciones al servicio de los empresarios y atravesadas por todo tipo de problemas en la gestión de las competencia que tienen atribuidas. La casuística de las denuncias y conflictos que se generan cotidianamente es enorme.
Su responsabilidad en la consolidación de un modelo preventivo burocratizado, de papeleo y de escasa calidad técnica, en el ocultamiento y derivación hacia el sistema sanitario público de accidentes y enfermedades producidas por el trabajo y en una gestión de las contingencias comunes atravesada por intereses exclusivamente económicos, son evidencias poco negadas pero que lamentablemente siguen produciéndose.
Un proceso de renovación y modernización como el que se anuncia, debería poder acometer los cambios necesarios para que las mutuas se situaran a la altura de las funciones que tienen encomendadas y fueran vistas y percibidas por todos los sujetos destinatarios de sus servicios como instituciones ejemplares por su calidad, profesionalidad e independencia de criterio. De esa forma, estaríamos todos contribuyendo a hacer de las mutuas unas instituciones con plena vigencia y sentido también en el siglo XXI.
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