El Ministerio de Trabajo, en cumplimiento de un acuerdo de la Mesa de Diálogo Social, ha presentado el borrador de un anteproyecto de reforma de dos leyes (la de Prevención de Riesgos Laborales y la de Infracciones y Sanciones en el Orden Social), cuyas medidas más significativas son:

• La prevención de riesgos laborales se integrará en el sistema general de la gestión de la empresa, a través de un plan de prevención de riesgos laborales.
• Las empresas en determinadas situaciones de riesgo laboral vendrán obligadas a dedicar recursos propios a la prevención.
• Una nueva redacción sobre las infracciones pretende combatir el cumplimiento formalista de las obligaciones preventivas.
• Se atribuyen funciones de asesoramiento y comprobación de las condiciones de seguridad y salud en las empresas al personal técnico de los organismos autonómicos con competencias en materia de prevención de riesgos laborales (unos 800 empleados públicos vendrían a incorporarse a estas tareas).

Según el Gobierno, con estas reformas se equilibran dos tipos de medidas: por un lado, las dirigidas a integrar la prevención de riesgos laborales en la gestión empresarial y por otro, las encaminadas a garantizar el cumplimiento de la ley mediante una mejor utilización de los recursos de control público. Desde CC.OO. y UGT se considera que esta reforma es sólo un primer paso, y que siguen pendientes otras cuestiones contenidas en los acuerdos de 30 de diciembre contra la siniestralidad, como la regulación reglamentaria de la coordinación de las subcontratas, la reforma de las Mutuas de Accidentes de Trabajo y la actualización del cuadro de enfermedades profesionales.

FERNANDO RODRIGO
Llevábamos tiempo señalando cuáles eran los principales problemas en la aplicación de la Ley de Prevención de Riesgos Laborales: mucho papel y poca calidad de la prevención, modelo side-car de subcontratación de recursos preventivos, poco control público y mal orientado. Desde CC.OO. hemos trabajado mucho para convencer de estos problemas a las instituciones y entidades con responsabilidad en salud laboral. 

La modificación legislativa que ahora se presenta contienen avances significativos pero, al mismo tiempo, nos plantea una nueva responsabilidad: asegurar que no va a ser pervertida de nuevo para quedarse solamente en otro papel más para la Inspección de Trabajo. Este acuerdo por sí solo no arregla nada si no se genera una nueva dinámica sindical e institucional.

La presión sindical nos corresponde a nosotros. Nuestra acción sindical debe ir en la dirección de generar actividad preventiva en los centros de trabajo con implicación de los empresarios y participación de los trabajadores. Hay que poner el énfasis en la obtención de resultados preventivos.

La dinámica institucional también debe cambiar. La Inspección de Trabajo tiene que pasar de pedir papeles a investigar qué se hace, cómo se hace y qué se consigue. Pasar de la forma al fondo. Es decir, lo contrario de lo que hasta ahora ha sido práctica habitual. 

Lo mismo sucede con los nuevos recursos institucionales que se incorporan a tareas de vigilancia y control cuya actuación va a depender de una decisión política de los gobiernos autónomos. Francamente, los precedentes no auguran optimismo. Ni en lo que respecta a la voluntad política de presionar a los empresarios ni en cuanto a la tradicional orientación “proempresarial” de muchos de estos técnicos. 

Por último, se ha dado un paso para obligar a las empresas a dedicar recursos propios a la prevención. Lástima que el compromiso contenga una flagrante contradicción: la posibilidad de contratar este nuevo recurso interno con un servicio de prevención ajeno. ¿En qué quedamos? Esperemos que pueda corregirse en el trámite parlamentario.

Lo dicho, avanzamos, pero, como siempre, esto nos da más trabajo para no defraudar las expectativas que se crean. Manos a la obra, pues.