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No basta con decir “yo no he sido”. Cuando la violencia está presente de manera más o menos cotidiana en la escena política, rechazar expresamente los métodos violentos y condenar sin paliativos a quienes hacen de ellos una forma de actuación es un requisito de afirmación democrática. Tan es así que, según las leyes vigentes, quien no lo hace no tiene espacio en el juego electoral.
En este contexto, y por razones cuya explicitación nos llevaría a otro tipo de polémica, han proliferado una suerte de auditores morales especializados en exigir y certificar el grado de sinceridad y rotundidad del rechazo a la violencia de las distintas opciones políticas. Pero, curiosamente, cuando la cuestión sale del ámbito estrictamente político ( ¿o es sólo electoral?) parece que las exigencias se relajan y la ética antiviolencia se difumina.
El año pasado, un trabajador madrileño, Ginés Blázquez Jiménez, de 55 años, murió mientras arreglaba una avería de la caldera de calefacción de un bloque de pisos en el barrio de Salamanca de Madrid. El monóxido de carbono acumulado en ella –malditos espacios confinados– lo dejó inconsciente al asomarse al respiradero para tratar de localizar la avería. Una vecina lo descubrió por casualidad –maldito trabajar solo– y cuando llegó el Servicio de Urgencias nada se pudo hacer.
Trabajaba para la empresa Movitrans León S.A. Eso creía, al menos, el portero de la finca que lo había visto acudir regularmente a revisar la calefacción por cuenta de dicha empresa desde hacía más de dos años. Sin embargo, su contrato tenía fecha de 30 de octubre de 2006, el mismo día del accidente. Sólo que había sido emitido una hora después del fallecimiento del trabajador. El Servicio de Urgencias certificó la muerte a las 13:30 y el alta en la Seguridad Social tenía resgistro de entrada a las 14:30. Un muerto dado de alta para tratar de quitárselo de encima. Malditos, malditos.
Claro que la justicia investiga a la empresa y que la Fiscalía de Madrid se está empleando a fondo. Pero ¿no es esto violencia social? Y si lo es, ¿dónde se han metido los adalides de las declaraciones de condena?, ¿dónde los guardianes del honor de las víctimas? ¿No es exigible aquí el rechazo moral además de la acción de la justicia?
No hemos sabido de ninguna organización empresarial que haya condenado públicamente los hechos. Ni siquiera un leve intento de desmarcarse de una oveja negra que, al fin y al cabo, está en su rebaño. Simplemente han mirado hacia otro lado. Definitivamente, en materia de violencia social, el silencio no parece estar penado.
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