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Dossier: Inmigración y salud laboral
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En la empresa Perfiles Valencia S.L. hay 102 trabajadores y sólo seis de ellos son extranjeros. Sin embargo, dos de los cuatro delegados que CCOO tiene en el centro de trabajo han llegado a España como inmigrantes. Que dos extranjeros lideraran la lista no fue un problema, al contrario, sacaron un delegado más que en las anteriores elecciones. “Sólo 11 no nos votaron” afirma Mohamed Burra, uno de los delegados electos de origen saharaui.
El empuje con el que muchos de estos delegados ejercen sus funciones sorprende a los trabajadores de nacionalidad española: “¡Qué tenga que venir un saharaui a defender nuestro derechos!” es lo que algunos compañeros le dicen a Mohamed Burra.
La mayor presencia de trabajadores nacidos en otros países en el mercado laboral ha ido acompañada de la asunción de responsabilidades sindicales por parte de éstos. Contamos ya con delegados de prevención que proceden de las filas de la inmigración.
Se trata de un fenómeno nuevo e importante: la afiliación sindical se incrementa entre los trabajadores inmigrantes y estos imprimen nuevos estilos a la negociación colectiva. Hablan claro y alto de la necesidad de conocer, defender e incrementar los derechos de los trabajadores. Una imagen que contradice el estereotipo del inmigrante como un trabajador dócil y maleable.
Compromiso sindical a pesar de las represalias
Cuentan con menos recursos sociales y económicos en una tierra que no es la suya y eso sí provoca diferencias en cuanto a sentir miedo a represalias por parte de la empresa si se afilian a un sindicato como CCOO y toman una postura protagonista. Así lo expresa una Delegada de Prevención de nacionalidad brasileña que en España trabaja en el sector de la ayuda a domicilio. Las trabajadoras te dicen: “mira, no voy a afiliarme porque me van a echar a la calle” y tú les respondes: “pero por qué te van a echar a la calle si tu no has hecho nada malo”.
Las represalias sí existen. Mohamed las ha vivido en carne propia: “Desde que empecé a ejercer de delegado sindical la empresa me ha ido trasladando de puesto en puesto hasta llegar al almacén, donde el trabajo físico es el más pesado. He pasado de estar apretando dos botones a agacharme y levantarme todo el tiempo. Sin embargo, lo que le desconcierta a la empresa es que yo no he dicho nada de mi problema personal y sigo trabajando para defender los derechos colectivos”.
El miedo a la represalias provoca que la mayoría de consultas se produzcan fuera de la empresa porque “tienen miedo a que el encargado o el jefe les vea hablando con nosotros” explica una delegada sindical ecuatoriana que trabaja en una empresa del sector agrolimentario.
Ni españoles ni inmigrantes conocen sus derechos
Las manifestaciones de estos delegados deshacen algunos tópicos. Por ejemplo, los problemas de falta de información entre los trabajadores extranjeros y nacionales son los mismos: “los inmigrantes desconocen sus derechos- afirma Mohamed-, pero eso no es extraño si pensamos que acaban de llegar a un nuevo país. Lo que sí es sorprendente es que tampoco los conocen – y por supuesto no los reclaman- los españoles”.
La forma en que los inmigrantes se aproximan a los sindicatos tampoco difiere de la tendencia mayoritaria en la actualidad entre la población española: “se acercan cuando tienen un problema o necesitan resolver una duda”. La única cuestión diferencial tiene que ver con el dominio del idioma.
El hecho de estar sindicados o de poder transmitir al empresario que cuentan con el respaldo de CCOO, funciona como un elemento disuasorio importante. El relato de una delegada sindical ecuatoriana es esclarecedor: “Me dieron una liquidación de 20 euros y cuando la ví, simplemente le dije encargada: Mira voy a hablar con el abogado de CCOO y ya luego hablaremos. En ese momento todavía no estaba ni afiliada pero al día siguiente, me llamó la dueña para decirme que había habido un error en mi liquidación. Cuando vi que la liquidación correcta ascendía a 900 euros, firme y me dirigí al sindicato”.
La importancia de las redes informales
La redes de contactos próximas y locales son muy importantes para toda la población pero lo son todavía más para los inmigrantes. A Mohamed le llama gente desde Andalucía para hacerle una consulta, cuando él trabaja en Valencia: “pero es porque algún familiar o amigo ha estado aquí y le hemos ayudado”. Las fuentes de informaciónatención que los inmigrantes utilizan son la familia, los amigos y las ONGs. Los delegados explican que a los trabajadores extranjeros les cuesta más comprender qué es un sindicato y para que sirve y, sin embrago, tienen muy claro que es una ONG porque están instaladas en muchos de sus países de origen. Sin embargo, una vez se dan cuenta de los recursos de que dispone el sindicato casi se dirigen a él para cualquier cosa.
Los delegados sindicales se convierten pues en una especie de defensores-amigos-informadores de los trabajadores y las necesidades son tantas que la tarea también los desborda. Así lo explica Julia Mamari: “me falta tiempo porque tengo dos trabajos y porque mi vida no me lo permite. Cuando pienso en dejar mi responsabilidad como delegada, mis compañeras no me dejan pero a mi me gustaría poder reclamar todas mis horas de comité y hacer más cosas. No es que no me sienta capacitada, es que no tengo tiempo para acudir a todo”.
Juan Carlos Vallejo no era un ladrón. Era un joven ecuatoriano de 20 años de edad que había venido a España a ganarse la vida. Era un trabajador sin contrato a quien un empresario de conducta irregular le había encargado pintar un edificio. El sujeto en cuestión es Tomás Sauri Amutio Olave propietario de una empresa de Baños (La Rioja). La mala suerte quiso que Carlos quedara atrapado en un elevador el 24 de agosto de 2003 y que lo encontrara muerto uno de los hijos de Tomás Sauri Amutio. El hijo del empresario tuvo la indecente ocurrencia de desvestir al muerto, quitarle su mono de trabajo y decirle a la Guardia Civil que había entrado a la empresa a robar. La maléfica treta se desenmascaró porque la familia y amigos de Juan Carlos Vallejo se negaron a aceptar la infamia. Tomás Sauri Amutio y sus dos hijos Javier y Miguel Ángel, fueron condenados a una pena de cárcel de dos años y multa de 6 meses – con una cuota diaria de 6 euros- por un delito de contratación ilegal y a otro año de prisión por un delito contra los derechos de los trabajadores con imprudencia grave. Además fueron condenados al pago de 150.000 euros de indemnización a la familia de Juan Carlos Vallejo. Pero solicitaron el indulto, movilizando a la población de Baños y contaron con el apoyo, en esa petición, del presidente riojano del PP, Pedro Sanz.
El 29 de junio de 2007, el Consejo de Ministros rechazó el indulto pero, apenas, seis meses después, con informe favorable del fiscal riojano, el Juzgado de lo Penal número 2 de Logroño ha conmutado la pena de cárcel de dos años por una multa de 8.760 euros para cada uno de los condenados. Además se sustituye la condena de un año de prisión por la de trabajos en beneficio de la comunidad que desarrollarán, previa entrevista con el Servicio Social Penitenciario, en instituciones o actividades de ayuda a personas inmigrantes. Lo que ya resulta bochornoso es que el Juzgado también impone a los tres condenados su participación en un Curso de Seguridad e Higiene en el Trabajo y Prevención de Riesgos Laborales. El juzgado considera procedente la sustitución de las pena dado que “no se trata de reos habituales” por la “naturaleza de los delitos” y por el “arraigo social y circunstancias personales de los condenados”. Esas circunstancias que se tienen en cuenta es que se trata de “empresarios de Baños de Río Tobía con un considerable número de trabajadores a su cargo”.
La unión regional de CCOO en La Rioja ha recurrido la sentencia. Como indica su secretario general, Carlos Ollero, “el razonamiento del auto es indignante en pleno siglo XXI, por cuanto que apela a la condición de empresarios de los condenados y a la de inmigrante sin papeles del fallecido”. “Aceptar estos argumentos –señala Ollero- es como aceptar que hay una justicia más favorable para empresarios y otra más perjudicial para trabajadores, para pobres e inmigrantes”. 
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