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Sumario nº 42
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La salud laboral frente a la situación económica actual

FERNANDO RODRIGO Y VICENTE LÓPEZ

Mucho se está hablando en estos días de las malas perspectivas que presenta la economía mundial y, particularmente, la economía española. Más allá del origen de esta crisis (sector de la construcción, crisis financiera internacional ligada al boom inmobiliario, aumento del precio de las materias primas, sobre todo energéticas,…), pocas dudas surgen sobre las dificultades de la situación económica actual y de sus negativos efectos presentes y sobre todo, futuros, para la sociedad y especialmente para los trabajadores y trabajadoras.

Los efectos que esta situación económica negativa tiene sobre la salud laboral de los trabajadores provienen de diferentes fuentes y el sindicato tiene que estar preparado para hacerles frente y no permitir retrocesos con respecto a lo avanzado en los últimos años. Es por ello que pretendemos analizar, en base a situaciones de crisis anteriores, en España y en Europa, cómo nos puede afectar la situación en materia de salud laboral y donde tenemos que poner las prioridades y la atención sindical.

La primera fuente es el propio aumento del nivel de paro y así se ha advertido desde diferentes estudios. Amartya Sen, premio Nobel de economía en 1998, concluye en uno de sus artículos (Desigualdad y desempleo en la Europa contemporánea) que la pérdida del puesto de trabajo y la falta de perspectivas de empleo aumenta, entre otras, la mortalidad y el riesgo a tener enfermedades.

Pero, más allá de la pérdida de empleo, cabe resaltar los efectos sobre la salud derivados de la reducción y reordenación de las inversiones empresariales y de los procesos de reestructuración empresarial. Es evidente que una parte importante de la mejora en las condiciones de salud y seguridad en el trabajo derivan de una adecuada política de inversiones en mejora de los equipos de trabajo y en las tecnologías empleadas en las empresas. La falta de crédito y la reducción de los márgenes empresariales, pueden tener un efecto disuasorio con respecto a estas inversiones que, equivocadamente, se consideran por parte de muchas empresas públicas y privadas como prescindibles. La mala situación económica puede ser utilizada como excusa para la paralización de inversiones necesarias para la mejora de las condiciones de salud en el trabajo.

Igualmente, como ya hemos comentado, esta situación económica aumenta los procesos de reestructuración empresarial como mecanismo de recuperación de de la competitividad (y de su tasa de beneficio). Estos procesos suelen tener una parte visible y mediática como son las adquisiciones y fusiones empresariales, o las reducciones masivas de plantillas. También la literatura científica nos muestra cómo estos procesos de reducción de empleo colectivo tienen efectos dañinos sobre la salud (aumento de los niveles de hipertensión, enfermedades cardiovasculares, estrés,…) para los trabajadores afectados.

Pero, tal vez, los efectos más permanentes y más perversos sobre la salud de los trabajadores son los que se dan a partir de la reorganización de los procesos de producción y de trabajo que tienen lugar en muchas empresas para enfrentarse a la crisis y mejorar su situación en el mercado. Procesos que tienen que ver con la reordenación de la cadena de valor de la empresa y la mejora de sus niveles de productividad. Hablamos de los procesos de externalización de la producción, del ajuste interno de las plantillas, de la intensificación del trabajo, del aumento de jornada y de la flexibilidad, etc.

No debemos olvidar la relación negativa, corroborada científicamente, entre subcontratación y salud laboral (aumento del número de accidentes y enfermedades). Esta relación negativa viene determinada por la mayor vulnerabilidad de los trabajadores en las empresas subcontratadas, con prácticas de gestión de la mano de obra que conllevan mayores índices de temporalidad en el empleo, con salarios más bajos, horarios superiores, menores posibilidades de formación, difícil promoción profesional y menor participación y autonomía. La crisis económica se convierte, de este modo, en una excusa para la aceptación y el desarrollo de procesos de trabajo que empeoran las condiciones de trabajo, y obviamente la propia salud de los trabajadores.

Igualmente, el ajuste de plantillas aparece como una prioridad ante estos escenarios de ralentización o crisis económica. De hecho, suele ser la medida más rápida que se toma en el seno de la empresa como vía de ahorro de costes. En muchas ocasiones el ajuste suele realizarse por encima de las necesidades de la producción buscando con ello un aumento de los niveles de productividad en el empleo. El aumento de ritmos de trabajo o la acumulación de nuevas tareas, suele ser la norma en estos procesos. Los estudios que al respecto se han realizado muestran también como este exceso de carga de trabajo tiene consecuencias sumamente negativas para la salud de los trabajadores.

La presión de las empresas sobre su Servicio de Prevención para que “molesten lo menos posible”, va a aumentar de manera considerable, y la relación de dependencia clientelar que tienen con las empresas que los contratan y las dificultades económicas que como sociedades mercantiles les afectan puede ser una poderosa razón para olvidar el objeto de su trabajo y ponerse del lado de la “razón económica frente a la razón social”. Es fundamental, por tanto, desarrollar el capítulo 3 de la Estrategia Española de Salud y Seguridad que plantea aumentar los derechos de los delegados de prevención y del Comité de Salud y Seguridad en la elección –y contratación– de la modalidad preventiva de la empresa, así como en la evaluación del trabajo que realiza. Sólo de esa manera, haciendo real y visible la doble relación clientelar del Servicio de Prevención con empresario y con trabajadores, se podrá equilibrar su dependencia y se darán las condiciones para que los profesionales trabajen desde la autonomía y el criterio técnico-científico para proteger la salud los trabajadores.

La actitud de los gobiernos puede verse también afectada en cuanto pueden ser más influenciables por las presiones empresariales para relajar todos los sistemas de control público sobre el cumplimiento de la normativa y especialmente a la hora de introducir nuevas regulaciones para aumentar los niveles de protección de la salud en el trabajo. De hecho en el ámbito de la Unión Europea se está generando ya una dinámica contraria a mejorar la regulación en materia de salud y seguridad en el trabajo y no faltan los intentos de eliminar parte de la ya existente, o al menos de convertirla en papel mojado. A eso responde, por ejemplo, la Directiva del tiempo de trabajo que legaliza las jornadas de hasta 65 horas a la semana, lo cual, como todos sabemos, tendría efectos desastrosos sobre las condiciones de trabajo y sobre la salud de los trabajadores y trabajadoras y convertiría en inútil una buena parte de la normativa de protección en materia de salud y seguridad.

Frente a este escenario y sus posibles consecuencias, es el momento de priorizar los temas de salud laboral en la negociación colectiva de manera que no se utilice la coyuntura para relajar, o eliminar, los recursos, las acciones y la gestión preventiva en las empresas, de asegurar que los ajustes de plantilla no deriven en plantillas insuficientes, de garantizar el máximo de protección social a los afectados por despidos individuales o colectivos, de intentar que las inversiones previstas para la mejora de las condiciones de trabajo no se vean aplazadas y, obviamente, que la crisis no derive en empleos más precarios. La crisis económica no puede ser la excusa para empobrecer y deteriorar las condiciones de trabajo. La desregulación y la flexibilización del trabajo no puede ser la respuesta a la crisis y tenemos que evitarlo mediante una acción sindical que utilice todos los resortes de los que disponemos. Se trata de evitar que la salud laboral sea uno de los precios a pagar por una crisis que los trabajadores y trabajadoras no han generado ni provocado.

Pero igual de importante es aumentar y fortalecer nuestra acción sindical institucional con el gobierno central y los autonómicos para asegurar que no hay una pérdida de impulso político en salud laboral, que los compromisos adquiridos en la Estrategia Española de Salud y Seguridad en el Trabajo 2007-2011 se cumplen y se desarrollan en todos los niveles. Precisamente, la mayor virtualidad de la Estrategia es que supone una buena garantía para que los efectos de la crisis económica no redunden en paralización del impulso social y político en esta materia. Los avances obtenidos en los últimos años, gracias sobre todo a la tenacidad y al trabajo sindical fuera y dentro de las empresas, no puede perderse porque volveríamos a retroceder y a alejarnos más de la situación de los países más avanzados.

Esta etapa, con todas las dificultades reseñadas, sin dejar de lado la lucha contra los accidentes, tiene que estar caracterizada por el abordaje, de manera decidida, de la problemática de las enfermedades relacionadas con el trabajo. Hacerlo va a implicar muchos esfuerzos y medidas que necesitarán de apoyo inteligente y de presión social para ser llevadas a cabo. Ese es el reto y en ello estamos ya trabajando. E roja

 

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