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Sumario nº 47
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El camino es agotador y el resultado muchas veces incierto. Por ello, la batalla individual de quienes sufren una enfermedad profesional tiene un punto de valentía, de compromiso y de generosidad.

Gracias a esas luchas individuales es posible el avance colectivo. Por ello, un aspecto fundamental del II Encuentro de Delegados y Delegadas de Prevención fue el eje de experiencias dedicado a la intervención y protección individual del daño. Las experiencias presentadas muestran que el trabajo sindical y la constancia de quienes sufren el daño sí dan frutos.

Un paso adelante con las sorderas

Jesús Uzqudun, responsable de Salud Laboral de CCOO de Euskadi, lo tiene claro: “Tras treinta años de experiencia he llegado a la conclusión de que para hacer visibles las enfermedades profesionales, hay que empezar por aquello en lo que sea más fácil obtener resultados, porque sólo a partir de los resultados podemos generar confianza en los trabajadores y una cultura preventiva”.

Las hipoacusias profesionales se sitúan en ese punto en el que es necesario, pero también posible, actuar en defensa de los trabajadores. En Euskadi se han tramitado más de 6.000 sorderas profesionales y se han encontrado casos de empresas en las que hasta un 75% tenía afectado el sentido del oído. “El principal problema –señala Uzqudun– es que los trabajadores y trabajadoras no se dan cuenta de la sordera hasta que es demasiado tarde: cuando llega la sordera con afectación de las frecuencias conversacionales ya ha habido una sordera anterior, de frecuencias agudas, que no ha sido detectada”. “El trabajador no era consciente de la pérdida auditiva y cuando la sordera llega a la frecuencia conversacional, ya empieza a sentir los acúfenos –el perro ladrándole en el oído– y ya necesita el audífono”, concluye Uzqudun.

La indemnización por sordera profesional es de 1.500 a 1.990 euros y Uzqudun contabiliza que, a finales de 2008, sólo en Euskadi, las indemnizaciones han alcanzado los nueve millones de euros. Además se ha conseguido que en la totalidad de los casos el audífono lo pague la mutua como prótesis por pérdida auditiva. Este trabajo les valió el reconocimiento de la Agencia Europea de Seguridad y Salud Laboral. Pero aún queda mucho por hacer, se estima que en Euskadi hay más de 50.000 personas afectadas por hipoacusia de origen profesional.

“La gente comprende que el sindicato es útil cuando le resuelves el problema individual”, afirma Uzqudun. “Yo les tramito el reconocimiento de la sordera –explica Uzqudun– y luego ellos se afilian a CCOO y se presentan a las elecciones sindicales. Así hemos conseguido entrar en empresas del metal con graves problemas de salud laboral donde no había representación sindical”.

Uzqudun denunció la congelación del baremo de lesiones permanentes no invalidantes: ”El Ministerio de Interior actualiza cada año las indemnizaciones por accidentes de tráfico, pero a los ‘currelas’ se nos tiene congelados cinco años el baremo de lesiones permanentes no invalidantes. Anteriormente nos tuvieron congelados catorce años y vamos por ese camino”, concluye Uzqudun.

El paso siguiente es penalizar a aquellas empresas que no hacen prevención: “Hemos puesto una denuncia ante la Inspección de Trabajo de Vizcaya ya que, en los puestos de trabajo de 100 personas a las que se les había reconocido la sordera profesional, se comprobó que las empresas ni habían notificado el parte ni habían adoptado ninguna medida preventiva frente al ruido”. La Inspección aplicó un 30% de recargo a pagar por la empresa y obligó a presentar en un mes el plan de prevención del ruido. El efecto dominó es innegable: “En cuanto les tocan la cartera, la reacción de la empresa es inmediata: todo el mundo con protectores auditivos. Pero como los protectores auditivos son molestos, los propios trabajadores empiezan a pelear para que se introduzcan en la empresa otras medidas para reducir el ruido”, explica Uzqudun.

Lo inadmisible es que los servicios de prevención no actúen y en Comisiones Obreras de Euskadi han tomado una determinación: “A partir de ahora, enfermedad profesional diagnosticada, en la que el servicio médico no haya comunicado la sospecha, haremos una denuncia no sólo de ese servicio de prevención, sino incluso al médico responsable. Lo siento por ellos, pero los gerentes de los servicios de prevención se escudan en los médicos, que son los que tienen que levantar la sospecha y aquí vamos a ponernos todos en nuestro sitio”, señala Uzkudun.

Amenaza de despido

Como ocurre siempre que se avanza en derechos para los trabajadores y las trabajadoras, los pioneros de esas luchas se convierten en víctimas de las amenazas empresariales Así sucedió en ISTOBAL S.A., una empresa de L’Alcudia (Valencia) que se dedica a la fabricación de puentes y trenes de lavado para automoción y cuenta con una plantilla de 485 personas.

“Durante años, en la sección de fabricación se generó mucho ruido y, como en muchas otras empresas, no se tomaron medidas preventivas”. Quien así habla es Juan Carlos Soriano, delegado de prevención en ISTOBAL: “A finales de los 90 se empieza a plantear alguna medida preventiva sobre el ruido, porque el servicio de prevención ajeno detecta que en muchos puestos de trabajo se soporta un ruido por encima de los 90 decibelios”, explica.

“El problema lo saca a la luz un delegado de prevención que es el primero que consigue un reconocimiento de enfermedad profesional y la indemnización correspondiente”, afirma Juan Carlos. La empresa empieza a verlo como un problema cuando, gracias al trabajo de sensibilización de ese delegado, prácticamente la totalidad de compañeros pide una revisión al Instituto Nacional de Seguridad Social (INSS) y a la mayoría se les detecta una hipoacusia de origen laboral que les permite cobrar una indemnización no invalidante. Ante esta situación, el INSS envía una carta a la empresa solicitando al servicio de prevención el historial de todos los afectados, y decide que los afectados deben ser cambiados de la sección donde existe un peligro de agravar la lesión.

La sorprendente reacción de la empresa fue despedir al delegado de prevención que había movido el caso y a dos compañeros más, alegando “despido objetivo por inaptitud sobrevenida”. Ante la injusticia, los trabajadores de ISTOBAL y la máquina de CCOO del Pais Valencià se ponen en marcha. Se organiza una huelga y una concentración delante de la fábrica a la que acuden sindicalistas de todo el Pais Valencià.

La protesta capta la atención de los medios y, con la mediación del alcalde de la población, la empresa se sienta a negociar con el sindicato. “Finalmente –explica Juan Carlos– se llega a un acuerdo. A los dos compañeros que son la tapadera para despedir al delegado se les prejubila. El delegado trabajará durante dos años para el sindicato, pagándole la empresa el sueldo, y a los dos años tendrá la opción de volver a trabajar en la empresa. Y, lo más importante, se firma un acuerdo único en el que la empresa se compromete a no aplicar más la medida del despido por inaptitud sobrevenida con aquellos trabajadores que han desarrollado una sordera profesional. Además, ISTOBAL se compromete al estudio y desarrollo de pactos específicos de polivalencia, reciclaje y movilidad funcional para los trabajadores afectados.

Mercurio en sangre

El reconocimiento médico anual detecta mercurio en sangre en dos trabajadoras de la empresa Ecoactiva de Medio Ambiente, un vertedero de residuos tóxicos y peligrosos ubicado en las inmediaciones de Zaragoza.

Aunque el servicio de prevención ni hace ni dice nada, las trabajadoras se alarman ante la información cuya gravedad conocen: son la química y la auxiliar de laboratorio del vertedero. La empresa, que pertenece al grupo Fomento de Construcciones y Contratas (FCC), no tiene representación sindical, pero a través de un familiar que es delegado de CCOO en FCC, las trabajadoras se ponen en contacto con el Gabinete de Salud Laboral de Aragón. Desde ese momento, el gabinete se hace cargo del caso con la colaboración de una delegada de prevención de FCC, Mercedes Mariblanca.

Como explica Miguel Ángel Biel, asesor en el Gabinete de Salud Laboral de Aragón: “El resultado de las analíticas es que las dos trabajadoras superaban cerca de cinco veces el valor límite de mercurio permitido en sangre”. Tras estos resultados, el gabinete aconseja a las trabajadoras que soliciten una baja por contingencias comunes para alejarse del foco de infección. Por su parte, el servicio de prevención de FREMAP realiza un estudio higiénico de las instalaciones buscando mercurio y realmente lo encuentra: la campana de extracción del laboratorio está muy cerca de la toma del aire acondicionado. Una vez detectado el foco se procede a separar el sistema de aire acondicionado de la salida de la campana y se modifica el sistema de extracción localizado de la campana del laboratorio.

“Parece que hay más trabajadores con analíticas en las que se superan los valores límite de mercurio en sangre –según Miguel Ángel Biel–, pero nadie más que la auxiliar de laboratorio quiere seguir adelante”. A pesar de que se ha encontrado el foco de intoxicación por mercurio, la dirección de FREMAP en Zaragoza se niega a reconocer la patología como profesional. La mutua alega que no tiene constancia del caso por que todas las actuaciones médicas las ha realizado el servicio medico de FCC.

Distintos informes de los servicios médicos confirman que la trabajadora registra “la presencia de niveles persistentemente elevados de mercurio en sangre”. Ante lo cual la empresa reubica a la trabajadora como telefonista. La necesidad de repetir periódicamente las pruebas y el cambio de puesto de trabajo provocan que la trabajadora entre en un estado de ansiedad y su médico de cabecera le dé la baja por contingencias comunes. Tras varios exámenes, el médico de cabecera cambia el diagnóstico de confirmación de la baja por ansiedad por otro: se confirma que la trabajadora padece una polineuropatía sensitiva.

El sindicato presenta una demanda de cambio de contingencias que es aprobada en agosto de 2007. Pero la mutua no se conforma y cuatro meses más tarde el neurólogo de la mutua plantea a la trabajadora la posibilidad de practicar una prueba de la hidrargiria provocada, informándole de sus posibles efectos secundarios. “Asesorada por ISTAS –explica Miguel Ángel Biel–, la trabajadora rechaza la prueba porque tiene efectos secundarios potencialmente graves, no tiene ningún afán terapéutico y el único objetivo que parece perseguir la mutua es rechazar una vez más un caso de contingencia profesional”. Y efectivamente así es: tras el rechazo de la prueba, la mutua da el alta por “curación” a la trabajadora.

Desde entonces, la trabajadora vuelve a coger la baja por contingencias comunes, siendo el diagnóstico de su médico de polineuropatía sensitiva. Dos meses más tarde, la trabajadora vuelve a ganar la aclaración de contingencias y la mutua se ve obligada a volver a reconocer el origen profesional de la dolencia. Finalmente, la trabajadora se queda embarazada y decide terminar su relación laboral con la empresa, llegando a un acuerdo económico con el asesoramiento del servicio jurídico del sindicato.

El caso que relata Mónica Fernández, delegada de prevención en el Gran Casino del Sardinero (Santander), no es una enfermedad laboral pero sí tiene que ver con el derecho a la salud de una mujer y su hijo. Y es también una historia en la que los delegados de prevención pelean para que una mutua reconozca el ejercicio real de un derecho, en esta ocasión, la suspensión de un contrato; cuando existe riesgo para el embarazo o para la lactancia.

“En nuestro trabajo es muy difícil aguantar el octavo y el noveno mes trabajando en una mesa de juego, ni de pie ni sentada, si a eso le sumamos la nocturnidad”, explica Mónica Fernández. Gracias a la modificación, en 2007, del Estatuto de los Trabajadores, la situación cambió y una trabajadora del Casino del Sardinero pudo solicitar una suspensión del contrato por riesgo durante el embarazo. La mutua de la empresa tardó 20 días en reconocer el derecho en el caso de riesgo por embarazo y sólo tres en denegarlo cuando la misma trabajadora solicitó de nuevo una suspensión del contrato por riesgo para la lactancia.

Hoy, en todos los centros de salud del INSS apoyan y avalan con datos científicos la lactancia natural exclusiva durante los seis primeros meses de vida del bebe: “Si la baja por maternidad dura 16 semanas y tienes que reincorporarte a la vida laboral, ¿quién puede continuar con la lactancia y seguir siendo normal? Si ya de por sí es difícil mantener la lactancia con un trabajo diurno, con un trabajo nocturno es misión imposible”, explica Mónica.

La crupier del Gran Casino del Sardinero decidió seguir adelante, a pesar de que sabía que cuando saliera el juicio ya no podría disfrutar de su permiso. Siguió adelante con la demanda y ganó. La mutua recurrió, pero la trabajadora volvió a ganar. No pudo recuperar el tiempo perdido, pero consiguió que le reintegraran el cien por cien de su salario y le queda la satisfacción de haber abierto el camino a otras trabajadoras.”En estos momentos tenemos a otra trabajadora disfrutando de la baja por riesgo durante la lactancia. La misma mutua ha concedido la suspensión del contrato rápidamente porque la sentencia es firme”, explica Mónica Fernández.

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