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La reforma de la directiva de comercio de emisión de CO2 debe ser equilibrada y garantizar tanto la reducción de emisiones como la competitividad de la industria

Madrid, 3 de diciembre de 2008


El Consejo de Ministros de Medio Ambiente de la Unión Europea debatirá el 4 y el 5 de diciembre en Bruselas la reforma la directiva europea de comercio de derechos de emisión de gases de efecto invernadero de 2003. El Gobierno español debe comprometerse a defender un acuerdo equilibrado de modificación, que garantice tanto la reducción de emisiones como la competitividad internacional de los sectores industriales. El acuerdo debe ser ambicioso porque de ahí partirá la posición común que la UE llevará a la Cumbre del Clima que se esta celebrando en Poznan, a la que asiste CCOO como parte de la delegación sindical internacional.

Cuando la Comisión Europea presentó a principio de 2008 la propuesta de reforma de la directiva, la Confederación Europea de Sindicatos (CES) consideró que que mejoraba la regulación actual ya que armonizaba la asignación de los derechos de emisión para todos los países de la UE. Algunos sectores industriales han expresado su preocupación porque previsiblemente tendrían que incrementar sus costes, sobre todo cuando entre en vigor a partir de 2013 el sistema de subasta para la asignación de derechos, lo que les podría situar en una posición competitiva difícil respecto de industrias de otros países no desarrollados no sujetas a estas obligaciones.

Para evitar esta posible distorsión, la propuesta actual de la Comisión es la de establecer el sistema de subasta al 100% para la producción de electricidad, de asignación gratuita de hasta el 100% para las empresas de sectores sujetos a la competencia internacional (lo que se denomina "en fuga de carbono") y una reducción gradual de la asignación gratuita para el resto de los sectores industriales desde el 80% en 2013 al 0% en 2020. Los sectores en fuga de carbono se determinarán antes de junio de 2010 según los criterios comunes que se fijaran en el texto de la directiva.

Asimismo, en las negociaciones internacionales para un nuevo acuerdo post-Kioto se deberían buscar fórmulas para que las industrias contaminantes de países emergentes estén incluidas asimismo en el régimen de comercio de derechos de emisión, lo que implicaría objetivos de reducción obligatorios o voluntarios por parte de esos países. Ese tipo de mecanismos evitarían esas distorsiones en la competitividad de la industria europea. Una parte de los beneficios de la subasta podría emplearse en la mitigación del cambio climático y para compensar los posibles impactos sociales en alguno de estos sectores.

Las Mesas tripartitas entre Gobierno, patronal y sindicatos establecidas en España para analizar el cumplimiento del Protocolo de Kioto pueden servir a nivel internacional como modelo de participación de los trabajadores en las políticas de lucha contra el cambio climático. Es una línea acertada, además, para anticipar y prevenir los efectos que el calentamiento global está teniendo ya en los trabajadores de muchas partes del mundo y del impacto que sobre el empleo pudieran tener las políticas de mitigación.

La propuesta europea es muy beneficiosa para España puesto que los objetivos de reducción para después del 2012 que en nuestro caso es sólo de un -10% se computarían utilizando 2005 como año base, que es un año en que España tenía unas emisiones muy elevadas (+52%) respecto de las obligaciones acordadas en Kioto (+15%).

Con estas modificaciones de las reglas de juego no puede haber, por tanto, excusas para no cumplir con los compromisos internacionales de reducción de emisiones, tanto en los sectores industriales como en los sectores difusos.

El cambio de modelo energético es un proceso imparable a nivel mundial que va a suponer beneficios para la economía española en la medida en que la va a dotar de mayor eficiencia e innovación tecnológica. La apuesta por las energías renovables en España podría generar hasta 270.000 empleos en 2020, según un estudio reciente del Instituto Sindical de Trabajo, Ambiente y Salud (ISTAS).

 

 
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